GOLPE AL ESTADO

El ‘golpe al Estado’ de los controladores aéreos españoles este 3-D contra el Gobierno de Zapatero, a ojos de Europa, es una reedición de aquel ‘tejerazo’ paleto y montaraz que tanto nos avergonzó en su día. Esta ‘alqaedada’, que han asestado un golpe impensable a la economía, a la imagen, a la estabilidad de un país sumido en una profunda crisis, pasa a la historia de las chapuzas más célebres recreadas por Luis Carandell. A Canarias, el paro le retorció el cuello y la dejó sin aire.

El presidente Zapatero, ya entrada la noche, firmò la orden de militarizar el servicio público del control aéreo, como quien decide in extremis repeler un ataque en toda regla contra los intereses del Estado apretando un botón. Habían sido violentados los derechos de los ciudadanos del país, como si todos hubiéramos quedado presos, sin poder movernos, a expensas de unos activistas invisibles, pero capaces de cegar el cielo y suspender todos los vuelos. Los controladores comenzaron a abandonar masivamente sus puestos de trabajo a media tarde, como miembros de una secta camino del degolladero. Estaban debidamente sincronizados, como protesta por los acuerdos que el Consejo de Ministros había adoptado horas antes sobre la regulación de su jornada laboral -que no incluye a partir de ahora los permisos y bajas-, y paralizaron los aeropuertos obligando al cierre del espacio aéreo, como si de un atentado fundamentalista dantesco se tratara. 

Con la militarización del servicio, los absentistas se exponen a ser acusados de sedición, penado con años de cárcel, y ya anoche la Fiscalía de Madrid abría diligencias para establecer la posible comisión de esa figura delictiva. Fue el presidente canario -por tratarse la suya de la comunidad más afectada por el aislamiento aéreo, a falta de Renfe y carreteras por territorio continuo- el primero en mencionar las dos medidas: la intervención del Ejército y la actuación de la Fiscalía. Canarias, como Baleares, es la víctima propiciatoria de las continuas huelgas encubiertas de los controladores, pues el malestar social está asegurado. pero esta vez, la ‘yihad’ del colectivo cruzó una raya peligrosa, como si perdiera los estribos, para ejercer más allá de una medida de presión, un chantaje con “rehenes” -los propios ciudadanos, en opinión de José Blanco, erigido en ministro antimafia de un sector enfrentado al Gobierno-.

Las pérdidas turísticas de Canarias y el conjunto del Estado, en la operación salida del puente de la Constitución, pasan a un segundo plano, con ser considerables, y cobra toda su trascendencia el pulso  político que han querido librar los controladores -el sindicato USCA usó la estratagema de convocar una rueda de prensa autoexculpatoria a la misma hora que se ‘enfermaba ‘ a la vez más de la mitad del colectivo- midiendo sus fuerzas con el gabinete de Zapatero. En tiempos de gloria sindical -antes del monumental descrédito que ahora soportan-, el mismo gremio alardeaba de tener cogido al gobierno por sus partes pudendas y de hacerlo caer si quisiera.

La jornada del caos mostró los rostros de los pasajeros en tierra con la palidez y la ira, en efecto, de unos rehenes bajo un secuestro fantasma, cuyos autores se atrincheraban en un hotel cerca de Barajas. La destemplaza de Rajoy, retenido en Canarias, era tan visible como su desconcierto al vacilar entre el instionto procedimental de meterle caña al Gobierno o a unos incívicos profesionales de dudosa simpatía entre los votantes.

Que una huelga salvaje nos haya devuelto a la España donde mandaban los militares no es, desde luego, la mejor noticia, en el bien entendido de que a estas alturas de la democracia lazs Fuerzas Armadas se han ganado un reconocimiento merecido por labores cívicas y solidarias que borran viejos clichés. El decreto ley que pone el control aéreo en manos del Ministerio de Defensa estaba perfectamente meditado, pues fue uno de los acuerdos del Consejo de Ministros antes de que se desatara a las pocas horas la crisis aeroportuaria. Convendremos que, al margen del efecto disuasorio del que todavía gozan en este país los militares, su intervención -amén de contar con controladores propios para suplir parcialmente las bajas- debe de estar justificada por los aspectos legales del asunto, es decir por la posibilidad, sólo en ese caso, de situar a los huelguistas entre la espada y la pared: entre volver a la consola o cometer sedición. ¿No habrá en el futuro que endurecer adecuadamente este delito -hoy castigado con un máximo de 12 meses de prisión y en el caso de los cabecillas con un tope de 2 años- en el Código Penal, cuya modificáción es inminente, como sugería ayer el presidente canario en su comparecencia? 

El caso es que Aena comenzó su estrellato de la semana con el anuncio de su privatización y lo terminó con el de la militarización. Del mismo modo que el Gobierno de Zapatero venía de pertrecharse contra el ataque de los especuladores de los mercado de la deuda y ha acabado, qjuién lo iba a decir, viviendo horas de auténtica ‘guerra’ de nervios, que nos remontaban a una noche de transistores como si leyéramos a Javier Cercas en ‘Anatomía de un instante’; de nuevo sonaron palabras como ultimátum, intervino el Ejército en auxilio del Gobierno y esta vez buscamos en las ediciones digitales de los diarios la evolución de los acontecimientos, y recurrimos como siempre a la radio, y pusimos la tele, como entonces, pero esta vez no habló el Rey, porque estaba en Mar del Plata.

Publicado el por Carmelo Rivero en Opinión ¿Qué opinas?

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