CIEN AÑOS DE SOLEDAD DE LOS CABILDOS

 

 

 

En la distancia no siempre la isla es una arcadia mítica para todo continente. Unamuno no mintió: a su llegada a Canarias, describió la soledad y el misterio del habitante insular como una filosofía de vida exasperante y lenta, producto de la ‘soñarrera del aislamiento”. Le sacó de quicio lo que luego se llamó el ‘aplatanamiento’, objeto de un debate que se prolonga hasta estos días. Los Cabildos canarios cumplen hoy cien años dentro de esta sociedad profundamente solitaria. En la Península son unas corporaciones desconocidas.

 

El llamado ‘problema canario’ ponía todo el énfasis, en los albores del siglo XX, en el abandono de las islas y sus disputas internas. El viejo demonio familiar de la capitalidad. La ley de Canalejas o Ley de Cabildos (11 de julio de 1912), de la que este miércoles se cumple un centenario difuminado por la interferencia de la crisis, quiso terciar en el pleito insular conformando una versión modernizada y competencial de los antiguos cabildos testimoniales que databan de la Conquista.

 

Pero, pese a la convicción del presidente del Gobierno de España por salvar la unidad provincial de las islas (la que, funcionalmente, un siglo después coexiste con los cabildos a través de la autonomía), a la vez que descentralizaba el poder en juntas insulares o cabildos, Canarias, quince años después de una ley pionera que no apagó el incendio pero fundó el autogobierno, se partió políticamente por la mitad, con la división provincial impuesta por Primo de Rivera.

EL PROBLEMA CANARIO

El problema canario seguía existiendo y se prolongaría hasta nuestros días, en su doble dirección: respecto a Madrid, a causa de la lejanía y el atraso, y respecto a las islas mismas, que a partir del enfrentamiento de las dos mayores por hacerse con la hegemonía, ha evidenciado una ardua cohesión en su calidad de comunidad autónoma.

 

Fue gracias a la clarividencia y valentía política del abogado majorero Manuel Velázquez Cabrera (como del palmero Pedro Pérez Díaz o el conejero Benito Pérez Armas, como siempre subrayaba el recordado historiador Marcos Guimerá Peraza), que aglutinó a las ‘islas plebiscitarias’ (la suya, más Lanzarote, la Gomera y El Hierro) en defensa de entes insulares y diputados en Cortes, como ha sido posible, no sólo esta ley secular, sino las propias bases de una autonomía diferente, que consta de gobierno y de corporaciones locales con rango de instituciones autonómicas.

1927-1972

Aquel memorando respaldado por 3.428 firmas que inspiró la Ley de Cabildos fue un aldabonazo en la conciencia del legislativo cuando se debatió en el Congreso como un berrinche justificado del canario ignorado de esa década tumultuosa, que no tardó en desencadenar el atentado que costó la vida al propio Canalejas en la Puerta del Sol. La ley ha sobrevivido a un siglo de convulsiones, y como un juego de dígitos, remedó la división provincial de 1927 cuando en 1972, la ley del Ref abundó en su contenido y financiación.

 

A la Federación de Cabildos Insulares (FECAI), este centenario le llega como anillo al dedo para reivindicarse en medio de una maraña de corporaciones locales del Estado, más de una ciertamente prescindible en  la reforma administrativa que Europa reclama de España para alcanzar los objetivos de déficit mediante la supresión de duplicidades que ahondan en una burocracia cronificada.

 

Como dijo en una reciente conferencia el secretario de Estado de Administraciones Públicas (Ministerio de Hacienda), Antonio Beteta, los Cabildos son “administraciones ejemplares” que gozan de futuro político en una España con menos ventanillas oficiales.

Isla y autonomía

Sin embargo, en este sentido, el desafío se circunscribe a Canarias, donde Gobierno y cabildos han de limar determinadas asperezas y refundir competencias (“una Administración, una competencia”, ese va a ser por lo que se ve el lema de la reforma administrativa inminente), tal como parece que hará ahora el Estado en detrimento de los ayuntamientos y en beneficio de los cabildos. Desde la gestión de los parques nacionales hasta la futura financiación en virtud del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), que apruebe la UE para los próximos siete años, todo un abanico de diferencias separa a ambos ámbitos del autogobierno. Pero no hay discrepancia ni mal que duren ‘cien años’.

Publicado el por Carmelo Rivero en Opinión ¿Qué opinas?

Añadir comentario