EL DESAHUCIDIO

 

 

Vivimos las horas más amargas de cinco años de crisis. Las que, de no actuarse a tiempo, podrían desatar el temido estallido social, al que más de cinco millones de parados parecen empujar a la vuelta de la esquina. España es un país de extremos. De la calma colosal al desorden, históricamente, sólo distó la figura de un muerto ocasional.

 

Para espoleta de semejante bomba ya hemos asistido a más de un suicidio mortal por desahucio en las últimas semanas. Y esta es la hora en que España se la juega. O los dos principales partidos demuestran tener reflejos para reaccionar con una sola voz y, como parece, prohíben tajantemente –a lo sumo, desde el próximo lunes- a la banca todo nuevo desalojo de una vivienda por impago, o el reloj seguirá marcando una terrible cuenta atrás que nadie desea bajo ningún concepto.

 

El último trágico episodio (me resisto a llamarlo penúltimo) de muerte voluntaria ante la tesitura de perder su casa, el que acaba de protagonizar la exconcejal socialista de Eibar en los años 80 Amaya Egaña, de 53 años, en Barakaldo (Vizcaya), al tirarse por la ventana, encaramada a una silla, desde el cuarto piso en que vivía, justo cuando iba a serle arrebatada la vivienda que no podía pagar, ilustra este martirologio intolerable que desangra el país en la peor hemorragia económica y social del último medio siglo.

 

Inmolarse a los 53

La historia se documenta con ciertas similitudes que añaden dolor al drama común de los desahuciados, si reparamos en que otros suicidios consumados (el de Granada, un hombre de la misma edad) o intentos frustrados (otro varón, también de 53, en Burjassot, Valencia) se desencadenaron en el momento en que los agentes judiciales acudían a realizar el desalojo.

 

Tocan a la puerta y la víctima se arroja al vacío. Lo que se pone de manifiesto estos días es que los desahucios atentan contra la vida en mayor medida que los despidos laborales. Estamos preparados para perder el empleo, pero quizá no para perder la casa. La banca se enfrenta al rechazo social cuando interviene con tapones en los oídos y una venda en los ojos y pone a una familia en la calle por impago.

 

La calle retrata a la España del siglo XXI incapaz de dar trabajo y vivienda a la población. Esa foto salta a la vista. La foto de la banca sin escrúpulos, de las huelgas de hambre a las puertas de las sucursales, como ha ocurrido en Tenerife, cuando no de un cadáver en la acera de quien se arrojó desde el piso que iba a perder. Negro sobre blanco.

 

En ocasiones, como ha ocurrido ahora en Barakaldo, la amenaza de desahucio es llevada sufridamente en secreto, como una penitencia que alimenta un desenlace mortal. Los vecinos –y hasta, incluso, la propia familia- se ver sorprendidos por el hecho cuando ocurre uno de estos desahucidios’, si se me permite la expresión.

 

La victoria de Carmen Omaña

En Santa Cruz de Tenerife, Carmen Omaña, madre de dos hijas, ha tenido que ponerse cinco días en huelga de hambre, secundada por varias personas, a las puertas de una sucursal de Bankia, tras tener que abandonar su casa en Los Gladiolos, meses atrás, sin que la entidad le concediera una alternativa viable para continuar habitando el inmueble por un importe asequible. Su queja había despertando una notable solidaridad, hasta el punto de que el Ayuntamiento, harto del silencio del banco a sus intentos de mediación, decidió retirar el jueves sus fondos de la entidad (1,5 millones de euros) como medida de protesta. El caso de Bankia provoca mayor estupor, al tratarse de una institución financiera nacionalizada por el Estado. Fruto de la presión, este viernes, por fin, Bankia ha accedido a pactar una salida con el alcalde, José Manuel Bermúdez, por la que Omaña y sus hijas dispondrán de una vivienda mediante un salario social, al que contribuirá el propio Consistorio. El grado de desfachatez del banco –sobre el que llueven las ayudas públicas para sacarlo a flote tras una infame gestión en manos privadas- no puede ser más nítida.

 

El terrible ‘efecto contagio’

Una peligrosa tendencia, la del citado ‘desahucidio’, hace temer el posible ‘efecto contagio’, ante la insensibilidad de determinadas entidades bancarias, dado que otras han acatado los términos del Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno y han puesto freno a las órdenes de desalojo. Pero el riesgo de que el fenómeno de crispación por este motivo pueda quedar fuera de control es  lo que ha hecho factible uno de los pocos acuerdos alcanzados entre el Gobierno del PP y el primer partido de la oposición, el PSOE.

 

Hoy mismo, tras el acercamiento de Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano del lunes, ambas han vuelto a hablar bajo la tensión del suceso de Barakaldo, para acelerar las medidas que paralicen los futuros desahucios, mediante alquileres sociales y una ampliación de los períodos de carencia en las familias más castigadas por la crisis que cuenten con niños y ancianos en su seno.

 

La excepcionalidad del problema –el de mayor impacto social desde que estalló la crisis-  exige audacia e inmediatez en la reacción de las autoridades, que ponga a salvo la vida y los derechos elementales de la ciudadanía, como ha recordado la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, al dictaminar que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria al no garantizar una protección eficaz de los consumidores frente a posible cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. La incongruencia reside en que la ley española no consiente, en los citados casos, suspender el desahucio, sino someterlo a un juicio aparte cuando ya se ha ejecutado la expulsión.

 

En España, en los últimos cuatro años, han sido puestas en la calle 350.000 familias que no pudieron hacer frente a sus cuotas con el banco. Un ejército de voces que, agrupadas, harían tambalear un gobierno, máxime si en sus filas se registran muertes injustas que movilizan con espanto a la opinión pública.

Publicado el por Carmelo Rivero en Opinión 1 comentario

Respuesta a EL DESAHUCIDIO

  1. Pao la

    Me considero una persona dura y en muchos casos, escéptica, pero sobre todo, nada alarmista, aunque he de decir que termino de leer este post con lágrimas en los ojos.
    Creo que mi opinión no va pintada de ningún color, pero doy gracias a la actitud y la acción de Don José Manuel Bermúdez, creo que cuando se trata de la vida de las personas hay que actuar y dejar la palabra para después, siempre habrá tiempo de entonar un “mea culpa” político, pero quién devuelve las vidas que se han quedado en el camino…
    Al quitarnos el trabajo a muchos dejaron sin orgullo, con pena y vergüenza por no poder sacar a sus propias familias adelante. Ahora, cuando la sociedad ya ha dado su brazo a torcer y se resigna a ayudas (cada vez menos), a subsistir en vez de vivir, …, ahora pretenden quitar a familias enteras su casa, pretenden romper hogares sin que esto traiga consecuencias.
    Y sí, tal y como nombras Carmelo, se me pone el bello de punta al pensar que pueda contagiarse este “modus operandi” por parte del español acorralado…

     

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