“Un desahucio es peor que una orden de prisión” ELIGIO HERNÁNDEZ: “LA REBELIÓN DE LOS JUECES ABRE UNA CRISIS INSTITUCIONAL”

 

“Dictar una orden de desahucio es algo tremendo, más dramático que una orden de prisión provisional”, reconoció el juez en excedencia y abogado en ejercicio Eligio Hernández, que fue fiscal general del Estado durante la presidencia de Felipe Gonzáléz, en una entrevista en Teide Radio Onda Cero, este lunes, en ‘Las Mañanas del Mencey’ del programa ‘Canarias en  la Onda’. El mismo día, y a la misma hora, la Asociación España de Banca anunciaba la suspensión de nuevos desahucios en caso de “extrema necesidad”, y por la tarde, el Gobierno y el PSOE aplazaban un posible acuerdo a este martes.

 

Hernández Gutiérrez, que también ha sido, en las filas del PSOE, Delegado del Gobierno en Canarias y gobernador civil de las dos provincias, calificó de “rebelión sin precedentes en la democracia” la de los jueces que se oponen a autorizar desahucios por hipotecas impagadas durante la actual crisis económica.

 

Una crisis institucional de calado

“La rebelión, por primera vez, de los jueces y la policía afiliada al SUP, contra los desahucios supone un antes y un después en la democracia española”, según sintetizó el destacado político, actualmente alejado de la vida pública tras vivir en primera fila episodios centrales de este período en la historia de España.  Recordó que en el franquismo los jueces que, como él, estaban integrados en ‘Justicia Democrática’ también se posicionaron corporativamente boicoteando la detención de demócratas, “y ese gestó contribuyó a la quiebra de la dictadura”. “El plante de ahora no tiene precedentes en la democracia española y abre una crisis institucional de imprevisibles consecuencias”.

 

Respecto a la polémica sentencia del juez Pedraz sobre los ocho imputados en los sucesos del 25-S (el magistrado archivó la causa justificándola por la “convenida decadencia de la clase política”), consideró que pudo ser la espoleta de esta pública objeción a los desahucios, si bien aprovechó para defender al juez de la Audiencia Nacional frente a las críticas por entender que no emitía un juicio personal, sino se hacía eco del malestar de la calle hacia los representantes públicos.

 

No ocultó su simpatía hacia el pronunciamiento del Sindicato Unificado de Policía, en sintonía con el rechazo judicial a las órdenes de desalojo, pero, cuestionado al respecto por el periodista Leopoldo Fernández, previno a este cuerpo del riesgo de incurrir en la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad, de no coincidir su postura con la del juez correspondiente.

 

La última gota

Quise saber si este era el Talón de Aquiles del Gobierno, tras cerca de seis millones de parados y, con la del miércoles, dos huelgas generales a cuestas. El fenómeno dramático del desahucio en  España, que provoca desgarros sociales y, en casos extremos, incluso, el suicidio de los afectados, como el de la semana pasada en Baracaldo, “ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Arremetió duramente contra la ceguera de la banca en este renglón de su actividad: “Ha sido tan avariciosa que no se planteó a tiempo racionalizar los desahucios, cuando todos somos conscientes de que en su momento fomentaban el acceso a préstamos hipotecarios ofreciendo más dinero del solicitado y endeudando a la gente.”

 

Hernández Gutiérrez reiteró a lo largo de la entrevista “la enorme trascendencia y gravedad que entraña que un poder del Estado, el judicial, haya dicho “no pasamos por aquí”, actuando en consecuencia”. Es cierto, reconoció al ser preguntado por ello, que el mundo de la Justicia está escamado con el ministro Gallardón por las tasas y recortes salariales que afectan al colectivo de jueces y funcionarios.

“Dictar un desahucio es algo tremendo”, dijo recordando su etapa de juez de primera instancia en distintos partidos judiciales. “Más dramático que dictar una orden de prisión provisional”. En este sentido, confesó: “Yo nunca di lugar a un desahucio, llamaba a los abogados de las dos partes y les invitaba a llegar a un acuerdo como fuera, porque, de lo contrario, daría largas al asunto.”

 

¿Y si se trata de usura?

Eligio Hernández se preguntó, tras ser interrumpido por la presentadora, Marlén Meneses, con la noticia de la suspensión de los desahucios de extrema necesidad que acababa de anunciar la patronal bancaria, sobre una eventual consideración de “delito de usura”, cometido determinadas entidades financieras a la hora de conceder hipotecas abusivas. En ese caso, podría acarrear “la inhabilitación” de los banqueros que hubieran podido incurrir en tal delito.

 

Criticó los contrasentidos del sistema, al justificar que hay que financiar a los bancos para que ofrezcan liquidez, cosa que luego no hacen. En España hemos estado sin banca pública, dijo, “cuando hasta Franco la tenía”.

 

La Ley hipotecaria es preconstitucional, subrayó, de ahí que sus preceptos hayan quedado obsoletos. Aconsejó a los dos grandes partidos, que ayer mismo se sentaban (sin éxito aún en la primera sesión) para poner freno in extremis a la ola de desahucios y legislar al respecto por la vía de urgencia, que faciliten las herramientas legales para que con carácter inmediato los afectados puedan oponer, durante el mismo proceso de ejecución, alguna causa que impida que la misma siga su curso, evitando así perder la casa. A su vez, abogó por que los jueces puedan rechazar los contratos hipotecarios “que entrañen alguna cláusula abusiva, como ha puesto de manifiesto la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE”. La única vía para todo ello, según apuntó, es “un real decreto ley de urgencia que entre en vigor de inmediato y luego se convalide en  el Parlamento”.

 

“Yo me sentiría vejado”

En su exposición contra la práctica de desahucios en España,que ya supera un total de 350.000, apeló a los artículos 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del 7.3 del Código Civil; en el primero la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo, y en el segundo los jueces rechazarán toda petición que entrañe abuso de derecho.

 

“Yo me sentiría vejado, si he de actuar como un recaudador de hipotecas impagadas”, sentenció. “Porque atenta contra la dignidad de un juez”.

 

Asimismo, puso de manifiesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española data del siglo XX y “ningún ministro ha logrado reformarla”. También denunció “la criminalización de la actividad administrativa, que ha dado lugar al desprestigio de los políticos.”

 

La inhabilitación de Arona

En otro orden de cosas, opinó sobre el caso de inhabilitación del alcalde de Arona, González Reverón, en estos términos: “Hasta que una sentencia no es definitiva no es aplicable la causa de inhabilitación sobrevenida”, y apostilló: “Sé que algunos progresistas me van a criticar.”

 

El periodista José Antonio Pardellas le preguntó acerca de la iniciativa soberanista de Artur Mas en Cataluña, y el exfiscal general del Estado habló de “la imposibilidad legal de consultar sobre la independencia” en cualquier comunidad. “No es viable el referéndum catalán, solo puede convocarlo España. El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna Constitución.” Se remontó a los antecedentes históricos, para indicar que “más lejos que el presidente catalán actual fueron Companys y Maciá”, que pretendieron imponer unilateralmente la independencia y Cataluña recibió a cambio la declaración del estado de Guerra. Citó el célebre debate de Ortega y Azaña al respecto, “las dos mejores cabezas de España”. “Para Ortega, “el problema catalán no tiene solución, hay que conllevarlo”, y eso es lo que ha vuelto a suceder”, indicó. No se libró de la pregunta obligada sobre Negrín, por quien personalmente ha dedicado todos los esfuerzos para su rehabilitación política dentro de su propio partido, el PSOE, hasta lograr convencer a Felipe González y Alfonso Guerra.

 

Negrín y el archivo de la guerra

El lunes que se celebró esta entrevista, 12 de noviembre, se cumplía un aniversario de la muerte del último presidente del Gobierno de la República, en 1956. “Negrín no dejó nada escrito y eso contribuyó a su mala imagen”, según precisó. La fundación que lleva el nombre del político y fisiólogo grancanario tiene su sede en Vegueta. “Y allí tenemos el archivo más importante de la guerra civil de España”.

 

Hernández Gutiérrez no habría votado a favor de la legalización de Bildu, de haber sido magistrado del Tribunal Constitucional, pero comprende que es un acto “consecuente con el momento.” Otra pregunta obligada estuvo referida a Garzón, “el ejemplo”, a juicio de Hernández Gutiérrez, “de lo que no puede ser un juez. Condenado, en mi opinión injustamente por el Tribunal Supremo, debió ser expulsado de la carrera judicial mucho antes. El que siembra vientos, recoge tempestades”.

 

Al recabar su opinión sobre la situación actual de su partido, el PSOE, comenzó refiriéndose al caso catalán:“El socialismo  es incompatible con el nacionalismo”. Citó un artículo del socialista Joaquín Leguina, publicado por El País, que atribuye buena parte de la culpa de estos males a Zapatero por haber dicho en la discusión sobre el Estatut que todo lo que viniera de Cataluña lo aceptaría. “Nuestro partido es, en sus siglas, Socialista, Obrero y Español. Como decía Indalecio Prieto, España y el PSOE son mis dos amores, pero si entraran en contradicción, España estaría por encima”.

 

Por último, arbitró una salida a la actual encrucijada del PSOE: “Proceder como el Partido Socialista francés, que gracias a sus primarias, donde votaron hasta los simpatizantes, está hoy Hollande en el Eliseo”.

Publicado el por Carmelo Rivero en Opinión ¿Qué opinas?

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