Declaraciones en LAS MAÑANAS DEL MENCEY (CANARIAS EN LA ONDA, TEIDE RADIO) GUILLERMO TEVAR: “NO COMPARTO EL PERDÓN NI LA NEGOCIACIÓN CON ETA”

 

GUILLERMO TEVAR

Guillermo Tevar, delegado en Canarias de la AVT

.El delegado en Canarias de la AVT perdió a su padre en el primer atentado contra la Casa Real

.”En las treguas se fortalecían, y aún no han entregado las armas”

.El Consejo de Ministros aprobó el reglamento de las ayudas. Cada familia recibe 250.000 euros

 

Guillermo Tevar, delegado en Canarias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ofrecía estas declaraciones en una entrevista en ‘LAS MAÑANAS DEL MENCEY’, de ‘CANARIAS EN LA ONDA’ (TEIDE RADIO ONDA CERO), el pasado 10 de septiembre, antes de que se conociera la sentencia de Estrasburgo contra la ‘doctrina Parot’. (Una vez se produjo ésta, discreparía en el mismo espacio sobre la legitimidad del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

 

La AVT agrupa en toda España a unos 4.500 familiares de víctimas del terrorismo; aquí, en Canarias son una treintena de afectados directos que perdieron un ser querido en la ‘guerra’ desigual de los que matan a inocentes a traición. “Mi padre, que era ayudante del Rey, viajaba en el coche del teniente general Valenzuela; murieron mi padre, el escolta y el conductor, el general salvó la vida, aunque resultó gravemente herido”, relata en Tenerife Guillermo Tevar (hijo del teniente coronel  Guillermo Tevar, muerto en el atentado), delegado en esta comunidad de la AVT desde el pasado mes de junio.

 

Aquel (el 7 de mayo de 1981) fue el primer atentado de ETA a la Casa Real. Henri Parot, el renombrado terrorista que da nombre a la doctrina del cumplimiento pleno de las penas, iba de ‘paquete’ en la moto que se puso a la altura del coche oficial del militar; él fue el que colocó la bomba en el techo del vehículo.

 

Considera que en España muchas veces se ha mirado a ETA como un problema ajeno y reivindica un mayor compromiso cívico contra la violencia ‘desalmada’ lleve las siglas que lleve. “Aglutinamos también a familiares de víctimas del islamismo radical, y aquí en las islas, del MPAIAC”, señala con cierto desencanto por la deriva del fenómeno terrorista en este país.

 

Las treguas fraudulentas

 

Su asociación no comparte los gestos amistosos del Estado hacia quienes dejaron de matar hace tan sólo dos años. “En las treguas siempre se fortalecieron y aún no han entregado las armas”, sentencia, y se pregunta: “¿Perdón? No hay nada que perdonarles, hay que exigir y velar por que cumplan la totalidad de la condena”. Otra pregunta asoma al hilo de sus palabras. La hace la conductora del programa, Marlene Meneses: “¿Suscribiría la pena de muerte?” Esta es su respuesta: “El corazón y la cabeza se contradicen; de nada vale que alguna vez pague un inocente. Insisto, que pasen en prisión todo el tiempo establecido.” A lo que repuse por mi parte: “¿Accedería a un vis a vis con los verdugos de su padre?” “De ninguna de las maneras, les haría un favor; mi desprecio más absoluto hacia ellos”. Entonces, añadió que lleva un tiempo tras la pista del cuarto etarra que intervino en el atentado en la calle Conde de Peñalver, en pleno centro de Madrid, contra el teniente general Joaquín Valenzuela, que era el jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey: “Junto a Parot participaron Michelena y Mamarru, y, a su vez, un cuarto, que creo que está en la cárcel en Francia, y al que no cejaré de querer identificar y localizar.” Esta sería una de las líneas de investigación del libro que se propone escribir sobre el atentado que costó la vida a su padre hace más de 30 años.

 

La integridad de las penas

 

“¿Cuál es, a su juicio, entonces, el papel de las asociaciones de familiares de víctimas del terrorismo, si como en su caso rechazan el diálogo y la reparación del daño?”, preguntó José Antonio Pardellas. “Ayudar a las víctimas e ir detrás de ellos (los terroristas) para que cumplan las penas en su integridad”, respondió el delegado en Canarias de la AVT.

 

La misma firmeza me la transmitió hace unos años la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, hermana del célebre concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, en uno de los crímenes más sanguinarios de la banda terrorista, tras un ultimátum de 48 horas a Aznar para el acercamiento de los presos al País Vasco. Los autores del atentado, ‘Txapote’ y su pareja sentimental, ‘Amaia’, fueron condenados a 50 años de prisión.

 

Le mostré a Guillermo Tevar la paradoja de algunos exmiembros de ETA, que se muestran partidarios de la renuncia a la violencia y de la reconciliación y, sin embargo, pueden contemporizar, llegado el caso, con el atentado de la furgoneta bomba en uno de los aparcamiento de la T4 de Barajas, que provocó dos muertes en medio del anterior “alto el fuego permanente” durante el proceso de paz, en diciembre de 2006, en el gobierno de Zapatero.

 

Esa fue la impresión que obtuve, a comienzos de esta década, en la entrevista que realicé a Julen Madariaga, fundador de ETA. Tevar se confesó incapaz de descifrar la mente de un terrorista, pero sí garantizó su rechazo al diálogo y la negociación con ETA por parte de los sucesivos gobiernos, aludiendo al “paripé de la resinserción”. El modo más elocuente de pedir perdón, a su juicio, es desvelar los nombres de los autores de cuantos atentados permanecen sin esclarecer.

 

El atentado sin autor intelectual

 

No sólo ETA, como se dijo, ha roto familias en España; también lo han hecho los islamistas en Afganistán y en el 11-M. Sobre este último atentado, en 2004, en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid (con un balance de 191 muertos y más de 1.800 heridos), expuso la tesis de su asociación: “La sentencia no aclara la autoría de Al Qaeda ni identifica al autor intelectual; por ello pedimos que se siga investigando”. No descarta nada, ni siquiera la controvertida implicación de ETA, a la que la policía atribuía por entonces planes similares. “Es una de las teorías, pero hay que recordar que por entonces ETA y el terrorismo islamista se entrenaban juntos.”

 

Pese a haber aprobado la ley de protección y reconocimiento de las víctimas en 2011, el Consejo de Ministros no dio luz verde hasta el viernes al reglamento de la norma, que iguala las indemnizaciones y permite a numerosas familias reclamar las ayudas pendientes. ¿Cuál es la compensación económica que fija el Estado por la muerte de un familiar a manos de un comando terrorista? “El tope está establecido en unos 250.000 euros”, señaló Tevar, que no disimuló sus sospechas de que el acuerdo del Gobierno pueda “ser la cara buena de una inminente decisión a favor del entorno etarra, prefiero pensar que no, pero ya uno piensa mal por sistema”.

 

Conoce anécdotas de familias y presos, algunas impublicables que contó a micrófono cerrado. “Las familias de los presos ejercen presión sobre ellos, porque temen pasarlo mal en su pueblo. De ahí que los gobiernos siempre se plantearon la deslocalización”.

 

La muerte de un familiar a tiros o por un artefacto explosivo no se supera con facilidad. “Mi madre, como es católica, los perdonó, aunque lo ha pasado mal, tardó años. La primera idea es morirse, mi padre no llegó a conocer a sus nietos. Yo, que no soy un santo, pido el cumplimiento íntegro de las penas. Y hay casos en que dura mucho tiempo el dolor, como la esposa de un guarda forestal de La Palma, que lo destinaron en 1979 a Lizartza, y le pegaron un tiro. Ella no lo ha superado.”

 

En la entrevista, que, escuchando al representante de la AVT, por momentos reproducía el clima de repudio de los años duros de ETA, se recordó a quienes sufrieron, ya no los efectos de un atentado, sino la presión psicológica de sentirse amenazados. Pardellas citó el caso de Luis del Olmo, “a quien Jon Idígoras señaló poniendo su vida en riesgo”. El delegado de la AVT calificó estos casos de “terrorismo en vida” y cargó contra “estos mamarrachos y asesinos que meten presión a los familiares de víctimas en la calle, cuando vas al bar, en la vida cotidiana en el País Vasco.”

 

En relación con el ‘caso Faisán’ (que alude al bar del mismo nombre en Irún y a la instrucción bajo secreto de sumario de un posible chivatazo a una red de extorsión de ETA sobre una redada inminente), comentó: “Estamos personados en este asunto. Alguien avisó y se habla de dentro de la policía. Ahí está la justicia para investigarlo”.

 

Se refirió al reciente homenaje a la figura del artificiero de la Policía Nacional Rafael Valdenebros, que murió en 1978 al explosionar un petardo del MPAIAC en una sucursal bancaria de La Laguna, que el agente trataba de desactivar. Una placa en la calle Tabares de Cala, en La Laguna, donde sucedieron los hechos, recuerda al policía desde  el pasado mes de agosto. Tevar ha tenido que consolar a la viuda, que reside en Córdoba, y no fue invitada, con la promesa de contar con ella en una próxima oportunidad en memoria del policía fallecido. De igual modo, citó los casos de víctimas de ametrallamientos en alta mar durante la guerra entre el Polisario y Marruecos en los años 70 y 80. A propósito del ‘terrorismo de Estado’, calificó de “chapuza” la actuación del Gal.

 

En la actualidad, tras la decisión de ETA de declarar el “cese definitivo de su actividad armada”, en vigor desde octubre de 2011, el mundo abertzale cuenta con una considerable parcela de poder a través de las coaliciones Bildu en el País vasco y Amaiur en el Parlamento nacional. “Nos estamos querellando constantemente contra ellos, aportando pruebas, para lograr su desaparición”, afirmó.

 

Estrasburgo examina la doctrina Parot

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, se pronunciará este mes sobre la doctrina Parot, después de que una sala del mismo condenara a España en julio de 2012, por unanimidad de siete magistrados, en relación con la aplicación de esa norma en el caso de la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión, que reclama su libertad tras 18 años recluida, en base a la redención de penas por trabajo o estudios. España recurrió y es lo que ahora tendrá que dilucidar el Tribunal.

 

Unos 50 etarras, que han pedido que se les exima de esa norma, están pendientes de Estrasburgo para saber si son puestos en libertad. Precisamente, el Supremo español acaba de aplicar al citado etarra Lasa Mitxelena, ‘Txikierdi’, la misma doctrina adoptada por primera vez en 2006, por el Tribunal Supremo (y refrendada por el Constitucional) contra un recurso del mismo Parot, y según la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada una de ellas por separado y no sobre el tiempo máximo de prisión (30 años). “Por qué el Tribunal de Estrasburgo han entrado en el tema por primera vez es un misterio; hasta ahora había considerado si las penas eran justas o contravenían algún derecho humano”, observó Tevar.

Publicado el por Carmelo Rivero en Opinión ¿Qué opinas?

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