Uno de los mayores logros de la novena legislatura canaria ha sido, por el consenso y su contenido, la Ley de Servicios Sociales. El 26 de marzo de 2019, el Parlamento aprobó por unanimidad “una normativa de última generación”, que sustituye a una de 1987, “con la que se da un salto de gigante” al conceder a cada individuo un derecho universal y subjetivo. La ficha financiera superará los mil millones de euros en doce años y compromete al Gobierno autonómico a promover un plan contra la exclusión social y a regular, en el plazo de 18 meses, una renta básica. Previamente, los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC), Popular y Mixto (ASG) rechazaron las proposiciones de ley de Podemos y Nueva Canarias sobre este último aspecto, basado en un mandato estatutario, al entender que estaban fuera de tiempo y lugar. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), agradeció “la enorme labor de los ponentes para otorgar oportunidades a quienes han perdido todo, el único motivo por el que estamos aquí”. Valido había tomado el relevo, en enero de 2017, de Patricia Hernández (PSOE), que presentó el borrador el 21 octubre de 2016: “El principal objetivo es acabar con la beneficencia en los servicios sociales y con el caos del sistema. Es un día emocionante, porque se ha alcanzado, tras casi un año, un documento acordado con todos los agentes que han participado y que recoge todas las propuestas del sector”. Sigue leyendo

La política territorial y de medio ambiente en Canarias se ha desenvuelto estos años por tierra, mar y aire. La Ley del Suelo, los vertidos incontrolados, las microalgas y las incineradoras han contaminado el ambiente. El 29 de marzo de 2019, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, activó el Órgano de Evaluación Ambiental e Informe Único con la constitución de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, una de las dos comisiones que integran el órgano que sustituye a la Cotmac. El Registro de Planeamiento de Canarias permitirá “consultar cualquier instrumento de ordenación vigente, conocer su contenido y solicitar copias, tanto de modo presencial, como por vía telemática”. La Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo es “un instrumento de colaboración y apoyo” a la Administración autonómica, los cabildos y los ayuntamientos. Adscrita a la consejería competente, “unificará criterios interpretativos y de aplicación de las determinaciones urbanísticas a través de sus informes, dictámenes y recomendaciones”. Sigue leyendo