Estructura autonómica

La fachada del Parlamento de Canarias, iluminada con los colores de la bandera de Europa (el fondo azul y el amarillo de las luces como alegoría de las doce estrellas), el 9 de mayo. / Fran Pallero

Un mes antes, ni más ni menos, de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 6 de noviembre las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (la próxima se someterá a un referéndum) y del Régimen Económico y Fiscal (REF). Aunque sea una casualidad, no es un detalle insignificante ni extraño a la causalidad. Lijados previamente en 1996 y 2014, respectivamente, ambos pilares apuntalan una estructura que eleva su techo competencial y de compensación por las desventajas de la lejanía e insularidad. Una, emanada del Parlamento regional, y la otra, impulsada por el Consejo de Ministros con el aval de la Cámara legislativa canaria, las iniciativas fueron aprobadas el 24 de octubre en el pleno del Senado sin enmiendas. Podemos se opuso en las dos votaciones y Ciudadanos se abstuvo en la primera.

Con todo, la ciudadanía no percibirá la mejoría por arte de magia. Los residentes ya probaron el aperitivo de los descuentos en los trayectos aéreos o marítimos con el resto de España (además de los interinsulares) en el plato de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Ahora, la bonificación del 75% (era del 50%) no estará sujeta a las turbulencias políticas y tampoco dependerá de los pactos entre el pasaje y la tripulación: “A los ciudadanos españoles y de los demás estados miembros de la Unión Europea o de otros firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, que acrediten su condición de residente en las Islas Canarias, se les aplicará una reducción en las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros. El porcentaje en los billetes de transporte marítimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida y vuelta, entre la comunidad autónoma de Canarias y el resto del territorio nacional será del 75% de la tarifa del servicio regular, y en los viajes interinsulares será, asimismo, del 50% de dicha cuantía. En los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros será, con vigencia indefinida, del 75% de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta, y en los viajes interinsulares será del 75%. Se autoriza al Gobierno de la nación, oído el de Canarias, para que aumente la cuantía”.

Paralelamente, las ayudas al transporte de mercancías interinsular y con cualquier otro territorio de la Unión Europea se fija en el 100% del “coste efectivo”.

A ello se añaden las subvenciones para la desalación de agua de uso agrícola y una partida de los Presupuestos Generales del Estado para combatir la pobreza mientras los indicadores canarios se sitúen en peores niveles que los de la media nacional: esta dotación económica “tendrá un carácter finalista y habrá de aplicarse a los programas e instrumentos” de los que en cada momento disponga la comunidad autónoma para “atender a los sectores más vulnerables en peligro de exclusión”. Reglamentariamente “se establecerá un sistema de compensación del extracoste de la generación eléctricas que garantice precios del suministro para los consumidores equivalentes a los del resto del territorio español” y se fomentará el aprovechamiento progresivo de fuentes renovables. En consideración a las especiales circunstancias, como la dispersión poblacional, se introducen “medidas para garantizar el acceso a la información y las nuevas tecnologías en condiciones similares a las existentes en el resto de España”. La actualización de los incentivos fiscales orientados a la creación de empleo y la diversificación productiva -imposición indirecta, Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC)- se hizo efectiva en 2015, con el beneplácito de la Comisión Europea.

El anclaje del REF en la arquitectura constitucional constituye una de las grandes aportaciones del Estatuto de última generación, que consagra, asimismo, la ultraperificidad, obliga a modular “determinadas políticas públicas para su adaptación a las especiales condiciones” y separa los recursos del REF de la financiación autonómica ordinaria

En el ámbito espacial, “las aguas que queden integradas en el contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago recibirán la denominación de aguas canarias”. Si bien se reconoce a La Graciosa como “la octava isla habitada”, estará agregada administrativamente a Lanzarote, así como los islotes de Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, y el de Lobos, a Fuerteventura.

Entre los derechos incorporados, la personas que se encuentren en situación de exclusión social dispondrán de una renta de ciudadanía. Una “buena administración” implica que su actuación se ajustará a “los principios de igualdad, no discriminación y respeto, así como de máxima calidad en la prestación de los servicios”. Los animales son “seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad”.

Desde este momento, la presidencia del Gobierno asume la facultad de disolver el Parlamento para convocar elecciones anticipadas, siempre que no se haya presentado una moción de censura ni en el primer año de la legislatura. En supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”, podrá dictar decretos-leyes: con carácter provisional, habrán de convalidarse (o, en su defecto, derogarse) en el plazo de treinta días naturales. En ese periodo cabe la opción de tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento abreviado.

El caso Grúas ejemplifica en Fernando Clavijo la supresión de los aforamientos para los miembros del Ejecutivo y del Legislativo, que pierden la protección del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en los asuntos ajenos a sus responsabilidades institucionales actuales.

En tanto el régimen electoral no se concrete en una ley autonómica (de aquí a tres años), la Asamblea se compone de 70 escaños (en una horquilla que va de 50 a 75), de los que 61 se distribuirán entre las siete circunscripciones insulares y 9 se asignarán a la regional. Sobre esta pesa aún la incógnita de cómo se sustanciará: ¿en qué urna y papeleta? Los topes de acceso se rebajan del 30% al 15% en cada isla y del 6% al 4% en el conjunto de la comunidad autónoma.

El Estatuto certifica “la consolidación y el avance de la sociedad canaria en el marco de la Constitución; la función de los cabildos y de sus municipios “como entidades básicas dotadas de autonomía”; el “fortalecimiento de la cohesión de los canarios”, e impulsa la “mejora de la calidad de sistema democrático y de un progreso económico compatible con el excepcional patrimonio natural”.

Publicado el por DNM en Crónicas ¿Qué opinas?

El autor

DNM

Domingo Negrín Moreno es licenciado en Geografía e Historia y Periodismo por la Universidad de La Laguna. Durante una larga temporada coordinó Nacional/Internacional en 'La Gaceta de Canarias', periódico en el que se ocupó posteriormente de las jefaturas de Sociedad/Cultura y Canarias. En enero de 2006 se incorporó a 'Diario de Avisos', donde también desempeña su faceta humorística. Antes, ejerció de redactor en Radio Club Tenerife (cadena SER) y participó en la fundación de Radio 21, Sociedad Anónima Laboral. Tres años después de haber sido premiado por RNE en un concurso de guiones se convirtió en uno de los diez jóvenes españoles al encuentro de Europa seleccionados por la cadena pública. Coautor de viñetas de actualidad, ha escrito un libro -'Quijotadas' (Turquesa)- que repasa situaciones asombrosas y divertidas.

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