En el coche de los Picapiedra, Pablo Rodríguez se guía por las indicaciones de Carlos Alonso. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico está pasando por un bache. Atosigado por la máxima autoridad del Cabildo de Tenerife, asoma un pañuelo por la ventanilla para que el ministro de Fomento lo saque del apuro. La escasez de áridos moviliza a la patronal de la construcción, que presiona con una caravana de camiones. Las desgastadas y embarradas llantas expresan los llantos por el retraso en la firma del convenio de carreteras, después de que el 29 de diciembre se aprobara una adenda al acuerdo vigente dotada con 101 millones de euros en 2018. De esa bolsa, 30 millones se destinarán en exclusiva al túnel de Faneque, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), y a la TF-5 (la autopista del Norte). Las administraciones se concedieron un tiempo para perfilar los flequillos de la negociación, pero el entendimiento derrapó sobre la superficie de la sentencia del Tribunal Supremo que certifica una deuda de 138 millones en 2012. El sonido de la caja registradora retumbó en los oídos de los gestores. A los números les añadieron letras, de lo que salió un cuento de cuentas. Al percatarse por el retrovisor de que se acercaba un vehículo que conducía Manuel Domínguez, y ante la sospecha de que fuera un radar de verificación camuflado, Alonso hizo aspavientos para que Rodríguez acelerara. De repente toparon con un panel informativo: “El PP denuncia que, en 2017, el Gobierno de Canarias dejó de gastar 225 millones en la ampliación de la TF-5, el tercer carril de la TF-1 o el anillo insular”. Tras proferir gritos de “abusador de patio de colegio”, soltaron el freno de la apisonadora.
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