Uno de los mayores logros de la novena legislatura canaria ha sido, por el consenso y su contenido, la Ley de Servicios Sociales. El 26 de marzo de 2019, el Parlamento aprobó por unanimidad “una normativa de última generación”, que sustituye a una de 1987, “con la que se da un salto de gigante” al conceder a cada individuo un derecho universal y subjetivo. La ficha financiera superará los mil millones de euros en doce años y compromete al Gobierno autonómico a promover un plan contra la exclusión social y a regular, en el plazo de 18 meses, una renta básica. Previamente, los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC), Popular y Mixto (ASG) rechazaron las proposiciones de ley de Podemos y Nueva Canarias sobre este último aspecto, basado en un mandato estatutario, al entender que estaban fuera de tiempo y lugar. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), agradeció “la enorme labor de los ponentes para otorgar oportunidades a quienes han perdido todo, el único motivo por el que estamos aquí”. Valido había tomado el relevo, en enero de 2017, de Patricia Hernández (PSOE), que presentó el borrador el 21 octubre de 2016: “El principal objetivo es acabar con la beneficencia en los servicios sociales y con el caos del sistema. Es un día emocionante, porque se ha alcanzado, tras casi un año, un documento acordado con todos los agentes que han participado y que recoge todas las propuestas del sector”. Sigue leyendo