Pan, pasta y aceite

La cesta de la compra. / El guiño

En los fogones donde el Gobierno de Canarias cocina los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, Fernando Clavijo y Rosa Dávila han echado al fuego un caldero de garbanzos. Mientras se van guisando convidan a los grupos parlamentarios a un menú de degustación. Los del PP han acudido con una barra de longaniza bajo el brazo y un plato de lentejas: “Lo tomas o lo dejas”. El segundo partido de la oposición a CC no se conforma con la invitación. Lleva un cuchillo para cortar el bacalao y un untador de queso. Sus condiciones inexcusables van servidas en tres bandejas hondas: menos impuestos (“para dinamizar la economía y el empleo”); mejores servicios sociales, sanitarios y educativos; más austeridad y contención del gasto en la Administración autonómica. 

La reducción impositiva implica una bajada lineal del tipo general del IGIC (“sin menoscabo del actual nivel de financiación de los ayuntamientos y los cabildos”) hasta retornar a la fiscalidad previa a la crisis, como recoge la ley 4/2012 de Medidas Administrativas y Fiscales.

La implantación de un IGIC social supondría un tipo al 0% para productos básicos de la cesta de la compra (pan, pastas y aceite) y aquellos servicios vinculados a la atención social: “Teleasistencia, ayuda domiciliaria, centros de día y de noche, atención residencial y promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”. En la factura de la energía eléctrica de todos los hogares y empresas (sobre los 1.154.000 clientes) se aplicaría un IGIC energético al 0% “con el objetivo de aliviar las economías familiares, reducir los costes de producción de empresas y profesionales e incentivar la competitividad”.

Los consumidores de servicios y productos de telefonía y datos se beneficiarían de un IGIG al 0% para “mejorar la conectividad y fomentar la sociedad de la información”. Las cuentas públicas de 2018 lo menguan del 7% al 5%.

Se acometería, asimismo, un descenso lineal en la cuota autonómica del IRPF “para las rentas más bajas de los dos últimos tramos, familias con rentas medias de 21.900 euros anuales, que son casi el 65% de los declarantes”. El aumento de las deducciones a las familias numerosas sería de entre 200 y 450 euros en las ordinarias (3 y 4 hijos) y de 400 a 600 en las especiales (5 y más). La deducción para estas familias con minusvalía oscilaría entre 500-1.000 y 800-1.100. Actualmente, en Canarias se contabilizan más de 15.300 familias numerosas: unas 2.900 especiales y alrededor de 1.600 con algún miembro discapacitado.

El PP propone una devolución del 20% de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual en las rentas inferiores a 30.000 euros y para los mayores de 40 años que hayan estado un mínimo de seis meses en el paro y tengan al menos dos familiares a su cargo. La deducción alcanzaría hasta un máximo de 600 euros, y hasta 1.200 cuando sean dos o más los hijos menores de edad. Las cuantías se duplicarían en el supuesto de que el arrendatario certifique un grado igual o superior al 33%. La bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elevaría al 99,9% hasta los parientes del Grupo III (colaterales de segundo y tercer grado ascendientes y descendientes, entre tíos y sobrinos), con el propósito de “permitir que muchas personas que cuidan de sus familiares se acojan a esta ventaja al heredar bienes”.

La tarifa plana de 50 euros de los autónomos duraría dos años, “para fomentar el autoempleo y la emprendeduría, una medida acordada en el Parlamento autonómico a propuesta del PP y que, solo en lo que va de año podría beneficiar a más de 3.400 autónomos que se han dado de alta desde el uno de enero”.

Los autónomos y las pymes que facturen menos de 50.000 euros al año quedarían exentos de pagar el IGIC, que ahora es de 30.000 euros del ala.

Para no quemarse, los negociadores del PP usan guantes resistentes al calor. Sostienen que la fiscalidad se puede hornear (asumir) “sin recortar los servicios públicos ni afectar a la financiación de las corporaciones locales gracias a las fuentes de ingresos extraordinarias”.  A su entender, la recaudación de impuestos es el único parámetro en el que ha evolucionado el Ejecutivo de Clavijo: “No como consecuencia de su gestión, sino fruto de la recuperación de nuestra economía, que creció un 2,4% en 2015; un 3%, en 2016, y un 2,9%, en 2017. En 2018 se espera recaudar 3.075 millones, 656 millones más que antes de 2007. El embolso del IGIC ha pasado de 829 millones en 2011 a 1.627 millones en 2017. Los ingresos fiscales se han duplicado por la vía del principal impuesto al consumo”.

En la enciclopedia popular, racionalizar los servicios significa acrecentar la ficha financiera en Educación hasta el 4% del producto interior bruto (PIB) con la perspectiva de conquistar el 5% en 2022, tal y como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria de 2014: “El alza de los recursos deberá destinarse a la mejora de la calidad educativa, con especial atención a la implantación efectiva de la escolarización de 0 a 3 años, el equipamiento y la impartición de competencias digitales, y los planes de bilingüismo”.

La comanda de la mesa del PP incluye que la futura Ley de Servicios Sociales se nutra de “una partida específica y exclusiva para su puesta en marcha, con la finalidad de que la financiación de las políticas de Acción Social abarque el 10% del Presupuesto de la Comunidad Autónoma antes de tres años, para la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción (la PCI), la reducción de las listas de espera sociales (dependencia y discapacidad), y la lucha eficaz contra la pobreza y la exclusión social”. Hoy en día es del 5,4% (395 millones de euros).

Priorizar el gasto sanitario entraña una expansión en las políticas de Asistencia Sanitaria y Salud Pública no menor al 8,5% registrado en el presente ejercicio, con miras a “combatir las listas de espera, mejorar los servicios de urgencias (fundamentalmente, las pediátricas), la atención a enfermos crónicos, los cuidados paliativos, la atención primaria y los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad”.

La congelación de los gastos superfluos de la Administración constituye otro alarde del deshielo: “El pasado año aumentaron en más de 50 millones de euros, un 21%, frente al 4,8% de los servicios públicos. En 2015, el Gobierno nos costó 218 millones, y en este tramo va por los 287 millones. El dispendio se ha disparado un 31,6%”.

Las hojas de reclamaciones se completarán en la tramitación de las enmiendas parciales.

Publicado el por DNM en Crónicas ¿Qué opinas?

El autor

DNM

Domingo Negrín Moreno es licenciado en Geografía e Historia y Periodismo por la Universidad de La Laguna. Durante una larga temporada coordinó Nacional/Internacional en 'La Gaceta de Canarias', periódico en el que se ocupó posteriormente de las jefaturas de Sociedad/Cultura y Canarias. En enero de 2006 se incorporó a 'Diario de Avisos', donde también desempeña su faceta humorística. Antes, ejerció de redactor en Radio Club Tenerife (cadena SER) y participó en la fundación de Radio 21, Sociedad Anónima Laboral. Tres años después de haber sido premiado por RNE en un concurso de guiones se convirtió en uno de los diez jóvenes españoles al encuentro de Europa seleccionados por la cadena pública. Coautor de viñetas de actualidad, ha escrito un libro -'Quijotadas' (Turquesa)- que repasa situaciones asombrosas y divertidas.

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