Pobreza rica en retórica

Patricia Hernández y Cristina Valido, consejeras de Políticas Sociales. / El guiño

Uno de los mayores logros de la novena legislatura canaria ha sido, por el consenso y su contenido, la Ley de Servicios Sociales. El 26 de marzo de 2019, el Parlamento aprobó por unanimidad “una normativa de última generación”, que sustituye a una de 1987, “con la que se da un salto de gigante” al conceder a cada individuo un derecho universal y subjetivo. La ficha financiera superará los mil millones de euros en doce años y compromete al Gobierno autonómico a promover un plan contra la exclusión social y a regular, en el plazo de 18 meses, una renta básica. Previamente, los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC), Popular y Mixto (ASG) rechazaron las proposiciones de ley de Podemos y Nueva Canarias sobre este último aspecto, basado en un mandato estatutario, al entender que estaban fuera de tiempo y lugar. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), agradeció “la enorme labor de los ponentes para otorgar oportunidades a quienes han perdido todo, el único motivo por el que estamos aquí”. Valido había tomado el relevo, en enero de 2017, de Patricia Hernández (PSOE), que presentó el borrador el 21 octubre de 2016: “El principal objetivo es acabar con la beneficencia en los servicios sociales y con el caos del sistema. Es un día emocionante, porque se ha alcanzado, tras casi un año, un documento acordado con todos los agentes que han participado y que recoge todas las propuestas del sector”.

A principios del mes en curso, Cristina Valido y el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Ramón Plasencia, firmaron los protocolos de reparto del dinero (alrededor de 37 millones) de los tres programas para la atención de la población más vulnerable entre las 88 demarcaciones locales. Una cantidad se dedicará a la contratación personal para gestionar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ha iniciado la reconversión en “una renta de inclusión que mejore la situación de unas 32.000 familias hasta 2023, cuando se destinarán 135 millones de euros, más del doble del presupuesto actual”.

La tasa de riesgo de pobreza sigue entre las más altas de España, superior al 30%. El 31 de octubre de 2017, en una sesión monográfica, Fernando Clavijo dibujó una Canarias casi idílica, que contrapuso a la imagen “oscura y negativa”. La oposición moldeó una pelota con el papel y se la tiró a la frente, como metáfora de un plan de choque. “Basta de excusas, diagnósticos y comisionados floreros”, espetaron al presidente. “No ha hecho bien su trabajo”, le afearon.

Diez entidades vinculadas al tejido empresarial, a la sociedad civil, al movimiento asociativo, organizaciones no gubernamentales, administraciones públicas y medios de comunicación se han integrado en la Plataforma del Tercer Sector en Canarias, que se constituyó el 11 de junio de 2018 en la Cámara autonómica bajo la coordinación de Gerardo Mesa (Cruz Roja) y el mecenazgo de Carolina Darias con la misión de apuntalar el Estado del bienestar.

En febrero, el Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señaló a Canarias como la región que registra la peor cobertura del país en la atención a dependientes: “Necesitaría cuatro años para asistir a las personas a las que ha identificado como tales”.  A través de la directora general de Discapacidad y Dependencia, Eulalia García Silva, el Ejecutivo de Clavijo cuestionó la fiabilidad del informe. Pero el diputado del Común, Rafael Yanes, pidió a sus señorías desde la tribuna un gran pacto: “Multiplicamos por cuatro el periodo máximo para gestionar los expedientes, en la comunidad autónoma que menos recursos destina a esta área por habitante”. En abril de 2014, su predecesor, Jerónimo Saavedra, ya puso el dedo en la llaga durante un debate ad hoc (específico). El 17 de octubre de 2018, el pleno reprobó a Cristina Valido (PSOE-PP-Podemos-NC y tres abstenciones) por las deficiencias en dependencia, en una moción consecuencia de la interpelación de la diputada socialista Teresa Cruz Oval. En abril de 2019, la mesa técnica convocada para modificar el decreto de reconocimiento de la dependencia impulsó la simplificación y agilización del mecanismo.

Un asesinato machista es “una bomba lapa” en las familias de las víctimas, testimonió en la comisión pertinente Luz Marina Rodríguez, de la asociación Todos somos Guacy, que reclamó una revisión de los procedimientos: “Los múltiples trámites impiden que pasemos el duelo”. Su hermana Guacimara fue apuñalada el 20 de febrero de 2013 por su marido delante de sus dos hijos, de 5 y 7 años, y de su madre. De una lacra que no cesa a un problema que desborda las previsiones: Valido ha requerido “respuestas” para la distribución territorial e integración de inmigrantes que se encuentran en situación de “gran vulnerabilidad”, sin olvidar, obviamente, “el respeto a los derechos humanos”.

Para el recuerdo queda igualmente la Ley de Memoria Histórica (28 de noviembre de 2018), cuyo preámbulo empieza en el título mismo: “La restauración democrática en España no trajo la reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”.  De la proposición se desmarcó finalmente Podemos, porque el resultado le parecía insuficiente. En definitiva, se crea un registro de afectados, un banco de ADN, un mapa de fosas y un protocolo de exhumaciones.

El 27 de marzo de 2019 figura en el calendario como la fecha en la que se salió adelante la primera ley en España que concreta en exclusiva “las características y las necesidades” de los menores robados en el régimen anterior y que, en Canarias, llegan hasta 2001. Sin el paraguas de un marco jurídico nacional, al menos vale de chubasquero. La infancia gatea por los pasillos de la Asamblea mientras se gesta una reforma en consonancia.

Publicado el por DNM en Crónicas ¿Qué opinas?

El autor

DNM

Domingo Negrín Moreno es licenciado en Geografía e Historia y Periodismo por la Universidad de La Laguna. Durante una larga temporada coordinó Nacional/Internacional en 'La Gaceta de Canarias', periódico en el que se ocupó posteriormente de las jefaturas de Sociedad/Cultura y Canarias. En enero de 2006 se incorporó a 'Diario de Avisos', donde también desempeña su faceta humorística. Antes, ejerció de redactor en Radio Club Tenerife (cadena SER) y participó en la fundación de Radio 21, Sociedad Anónima Laboral. Tres años después de haber sido premiado por RNE en un concurso de guiones se convirtió en uno de los diez jóvenes españoles al encuentro de Europa seleccionados por la cadena pública. Coautor de viñetas de actualidad, ha escrito un libro -'Quijotadas' (Turquesa)- que repasa situaciones asombrosas y divertidas.

Añadir un comentario