Las corporaciones locales buscan fórmulas imaginativas para lograr la estabilidad económica. Con todo, no son gestores lo que más necesitan. Hacen falta malabaristas que encuentren el equilibrio entre la austeridad y la calidad de las prestaciones. No es fácil atender a criterios racionales sin caer en el pesimismo. Pero peor es resignarse.

Las comunidades autónomas están en deuda con las cuentas del Estado. De aquellos polvos -gastos por libre- vienen unos lodos que atracan la caja de caudales. El déficit de responsabilidad de las administraciones públicas apalanca el riesgo de colapso en una convergencia de calamidad.

El Gobierno de la nación restablece el límite de velocidad en 120 kilómetros a la hora. Las asociaciones de automovilistas aplauden la marcha atrás y lo interpretan como el reconocimiento de un ridículo que costó 20.000 euros en pegatinas para señalizar los 110. El estrés aceleró la rectificación.

Los políticos, los sindicalistas y los empresarios hacen votos para “estimular el empleo”, como si los parados no quisieran trabajar. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las promesas son ofertas que reactivan el consumo en el mercado laboral. El poder de convicción impone sus reglas, no vaya a ser que a la clientela le dé por pensar.

Ocho grupos de cajas y cuatro bancos incumplen las exigencias de capitalización impuestas por un Gobierno paradójicamente tachado de insolvente. El Banco de España cifra en 15.152 millones la liquidez necesaria para encajar estas entidades en el sistema financiero. ¡Qué menos!