Guerra en los puertos

Terminal de contenedores del puerto de Santa Cruz. /Sergio Méndez

Terminal de contenedores del puerto de Santa Cruz. /Sergio Méndez

La huelga de los estibadores prevista para los días 20, 22 y 24 de febrero provocará un parón en los puertos que puede dejar a las Islas con un serio problema de desabastecimiento. Independientemente de las pérdidas económicas debido a la paralización de la principal actividad del puerto: la carga y descarga de mercancías, los retrasos podrán, además, desviar e incluso cancelar algunos cruceros. Los estibadores, que cobran de salario medio anual unos 60.000 euros y trabajan el 75% del tiempo, critican que el Ministerio de Fomento no haya contado con ellos para reformar la estiba, y el Gobierno aclara que están obedeciendo órdenes de la Unión Europea y que si no lo hacen, España podría ser sancionada.

Los puertos se enfrentan a una auténtica batalla si finalmente el Ministerio de Fomento saca adelante la reforma de la estiba sin el consenso del sector. Y es que la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CEMT) anunció paros parciales en horas impares desde las 08:00 horas del 20 de febrero hasta las 08:00 horas del día 21; y así, igual, los días 22 y 24 del mismo mes.

El motivo, según explicó el coordinador de CEMT, Antolín Goya, es “obligar” a Fomento a abrir un proceso de negociación para iniciar esta reforma con el consenso del sector y de los trabajadores. “Nosotros tenemos menos ganas que nadie de ejecutar estos paros, pero no podemos permitir que una ley que afecta a un colectivo de más de 6.000 trabajadores, se haga sin la participación del sector”. En opinión de Goya, la reforma planteada por Fomento constituye “un ERE encubierto, pagado con fondos públicos, que creará un modelo en el que las empresas tendrán capacidad de libre contratación e indemnizarán el despido del personal actual con fondos públicos”.

El Ministerio, que dirige Íñigo de la Serna, justifica este decreto por imposición de Europa, que considera que el sistema de estiba español es contrario a la normativa europea, por lo que, en caso de que España no “arregle” este asunto, podrá ser sancionada con 21 millones de euros.

Actualmente, el sector tiene un sistema de organización en virtud del cual las empresas de la estiba que quieran operar en los puertos públicos (46) tienen que entrar en la sociedad de gestión de los trabajadores portuarios (sagep) y, además, están obligados a contratar a estos trabajadores. La reforma pretende acabar con esta obligación y permitir a las empresas contratar libremente y, para ello, da un plazo de tres años.

Este colectivo, unos 800 en Canarias, gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar. Por ello, este paro afectará a un sector fundamental para la economía, ya que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones. Aún no está cuantificado cuánto dinero se podría perder si los puertos paran, pero fuentes del sector aseguran que afectará a las mercancías perecederas, así como a posibles desvíos de cruceros o, incluso, cancelaciones. De hecho, si prosigue en el tiempo, Canarias se podría enfrentar a un serio problema de desabastecimiento.

Publicado el por María Fresno en Sin categoría ¿Qué opinas?

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