Son muchas las cosas que se han dicho sobre el conflicto de la estiba. La aprobación del decreto ley por parte del Gobierno sin el apoyo del colectivo de los estibadores ha enconado un conflicto que puede provocar importantes pérdidas económicas a todo el país. Cerca de 50 millones de euros diarios estima el Ministerio de Fomento que se pueden perder si los sindicatos siguen adelante con la huelga prevista para el próximo lunes. Sin embargo, los propios estibadores han dicho que ni es tanto el dinero que se va a perder y ni mucho menos quedará el país desabastecido como insinúan desde el Gobierno. Lo cierto es que un conflicto que debía haberse resuelto hace varios años, según el mandato de Bruselas, sigue sin resolverse y, como siempre, serán los ciudadanos quienes paguen el pato. Es absolutamente incongruente que en pleno siglo XXI viva un colectivo que funcione de forma hermética y que la empresa se vea obligada a acudir a una bolsa de empleo para reclutar a sus empleados y que, además, la propia empresa tenga que aportar, como asociado, dinero a dicha bolsa. En un mundo globalizado y de libre mercado esto no es posible. Pero también es cierto que el Gobierno, desde que Bruselas advirtió de que hay que cambiar este modelo, ha tenido mucho tiempo para resolver este conflicto y ahora no se puede lavar las manos como Poncio Pilatos y echar toda la culpa a Europa. Nadie quiere perder sus privilegios, sobre todo cuando son heredados de generación en generación, pero el éxito de toda negociación es llegar a un término medio donde no hay ni vencedores ni vencidos. Al final, el conflicto de la estiba se convertirá en un problema mayor porque el Gobierno tendrá que convalidar este real decreto en el Congreso de los Diputados donde no tiene mayoría. Los grupos de Coalición Canaria, Podemos y PSOE ya le han dicho que no lo apoyaran. Si este decreto ley no se convalida será la primera vez que regrese al Consejo de Ministros. Los estibadores juegan con esa carta. No sé cual es el as que se guarda Fomento bajo la manga.