El Gobierno de Canarias, igualando al de Cataluña, está estudiando gravar el consumo de las bebidas azucaradas y refrescos con la intención de ayudarnos en nuestra dieta. Para variar, el Archipiélago canario lidera la tasa de diabetes y obesidad, es decir, que somos los más gordos y los que más azúcar tenemos en nuestro cuerpo. Estoy de acuerdo en que hay que poner remedio. La sanidad canaria se gasta mucho dinero en tratamientos contra todas estas enfermedades procedentes de nuestra mala alimentación. Pero, siendo consciente de esto, no me gusta la idea de que el Gobierno decida nuestra cesta de la compra porque, a partir de ahí, se abre una veda muy peligrosa. Si el Ejecutivo quiere poner un impuesto a los refrescos y a los bollos que lo ponga, pero que no busque la excusa de que es por nuestra salud. Tengo serias dudas de que dicha tasa provoque una reducción del consumo y la tengo porque, en primer lugar, la subida es casi simbólica, con lo que no frenará al consumidor; y en segundo lugar, porque no existe una relación directa entre subida de impuestos-bajada del consumo, salvo que dicho incremento sea muy elevado. Y este no es caso.

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